La cripto se gasta $176 millones y choca con el nuevo Congreso

Gastarse aproximadamente 176 millones de dólares y no conseguir cambiar el tablero como esperabas escuece. Eso es lo que le ha ocurrido a la industria de las criptomonedas tras las elecciones de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos: los demócratas se hicieron con el control del Congreso y varias campañas apoyadas por el sector no consiguieron los resultados previstos.

El movimiento no es menor. Durante años, las compañías de activos digitales han peleado por conseguir reglas más claras para operar en Estados Unidos, y buena parte de esa batalla se ha librado en Washington, no en los mercados. Ahora la pregunta ya no es solo quién manda en el Capitolio, sino quién está dispuesto a pactar sobre supervisión, protección del inversor y reparto de competencias entre los organismos reguladores.

Según Reuters, los grupos vinculados a las criptomonedas desembolsaron aproximadamente 176 millones de dólares en más de 100 contiendas electorales al Congreso durante el ciclo electoral de 2026. La idea era sencilla: conseguir aliados para sacar adelante una legislación sobre activos digitales con apoyo de los dos partidos. Fairshake asumió buena parte del esfuerzo. Este comité, respaldado por Coinbase, Ripple y Andreessen Horowitz, apoyó a candidatos que ya habían mostrado interés por la legislación sobre criptomonedas. En octubre anunció su respaldo a 32 miembros de la Cámara de Representantes que buscaban renovar sus escaños: 19 republicanos y 13 demócratas. Ohio deja una lección incómoda

La contienda más vigilada tuvo lugar en Ohio. Los grupos alineados con la industria gastaron aproximadamente 63 millones de dólares para apoyar al republicano Jon Husted o frenar al demócrata Sherrod Brown. Brown había presidido el Comité Bancario del Senado y había criticado varias de las iniciativas regulatorias del sector.

Ni con esas. Brown regresó al Senado. El golpe es importante porque esa contienda concentró uno de los mayores despliegues de dinero político del ecosistema de las criptomonedas y terminó sin el resultado buscado. Llama la atención que un esfuerzo económico de semejante magnitud no bastara para inclinar una batalla electoral tan simbólica. El mensaje para el sector es bastante claro: abrir la chequera ayuda, pero no sustituye el trabajo de fondo con los legisladores que ponen el foco en la regulación financiera y la protección del inversor. La ley CLARITY sigue sobre la mesa, pero ya no basta con poner dinero

La gran iniciativa que sigue pendiente es la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, conocida como CLARITY Act. El texto busca delimitar mejor qué competencias corresponden a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y cuáles a la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC). Quienes la respaldan sostienen que las empresas necesitan reglas previsibles para operar e innovar en Estados Unidos. Sus críticos, por el contrario, ven riesgos claros: menor protección para el inversor, vacíos regulatorios y posibles conflictos de intereses.

El bloqueo venía de antes de las elecciones. En septiembre, el Senado no logró sacar adelante la iniciativa en una votación de procedimiento. Este dato pesa más de lo que parece, porque demuestra que ni siquiera con el control republicano existía un acuerdo suficiente para cerrar el debate. Con un liderazgo diferente en el Congreso, las negociaciones pueden cambiar de rumbo, retrasarse o dividirse en iniciativas legislativas más pequeñas.

Eso sí, un Congreso diferente no implica automáticamente que se vayan a endurecer las reglas para todo el universo de las criptomonedas. Los demócratas han tendido a insistir más en la supervisión y la protección del consumidor, pero dentro del propio partido también ha habido apoyos a la creación de marcos regulatorios más claros para los activos digitales. En el lado republicano tampoco ha existido una posición unánime. La prueba está en que no todas las propuestas relacionadas con las criptomonedas han recibido el mismo respaldo.

Hay otro detalle que el mercado no debería perder de vista. El relevo político cambia las presidencias de los comités, las prioridades legislativas y el calendario, pero no elimina de un plumazo las leyes ya aprobadas ni la política del poder ejecutivo. La Ley GENIUS, que estableció en 2025 un marco federal para las monedas estables utilizadas en pagos, sigue siendo un precedente importante de que Washington puede avanzar cuando encuentra una fórmula aceptable para ambas partes.

Queda mucho partido por delante. Habrá que vigilar si el Congreso retoma las conversaciones sobre la ley CLARITY, qué orientación adoptan los comités y si la industria mantiene su estrategia de buscar apoyos en ambos partidos. Para Bitcoin y el resto del mercado, la claridad regulatoria sigue siendo valiosa independientemente de quién gobierne. La red seguirá funcionando al margen de Washington; la legislación, no. Y la siguiente fase parece depender menos de los millones invertidos en las campañas electorales que de los compromisos que los legisladores estén dispuestos a firmar.