La regularización de migrantes apunta a más cotizaciones, no a más empleo

Hay un dato que pone la discusión en su sitio: los trabajadores extranjeros ya suman 3.151.563 afiliados y representan el 14,4% del total. Con ese peso dentro del mercado laboral español, la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno no es solo una cuestión política o migratoria. Tiene un ángulo económico muy concreto: sacar a la luz empleo que ya existe y convertirlo en cotizaciones.

Ese parece el objetivo, porque nadie serio está planteando que esta medida vaya a crear puestos de trabajo de la nada. El movimiento va por otro lado: dar encaje legal a actividades que hoy se realizan en la economía sumergida: Cuidados, agricultura, hostelería, logística o parte de la construcción aparecen aquí como los focos más evidentes.

La regularización está dirigida a personas migrantes que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y exige, entre otros requisitos, cinco meses de permanencia ininterrumpida. Eso refuerza una idea básica: no hablamos tanto de incorporar nueva oferta laboral como de ordenar una realidad que ya está funcionando, aunque fuera del circuito formal.

El empleo puede ya existir; faltaba aflorarlo.

Al final hablamos de una medida para que el Estado siga llenándose las arcas, siendo el gran ganador de todo esto y el único agente que no se verá perjudicado por las segundas derivadas (cultura, seguridad, etc). El mercado laboral español lleva tiempo apoyándose en mano de obra extranjera. En marzo, la Seguridad Social registró una afiliación media de 21.882.147 personas. Dentro de ese total, el máximo marcado por los afiliados extranjeros confirma que la inmigración ha dejado de ser un elemento periférico. Ya forma parte estructural del sistema, aunque más de medio millón están en situación administrativa irregular. No hay una fotografía completa del empleo irregular, pero esa cifra da una pista bastante clara sobre el volumen potencial que puede aflorar. Sin embargo, hay que dejar claro que esto no va a resolver por sí sola la escasez de mano de obra en determinadas ocupaciones ni va a arreglar los problemas crónicos de sectores acostumbrados a alta rotación, salarios bajos o condiciones duras. Tampoco cambia el modelo productivo español por decreto ni el desempleo estructural.

La clave fiscal está en ensanchar la base:

Donde sí puede notarse el impacto es en las cuentas del sistema. Si una parte del trabajo hoy sumergido pasa a declararse, lo primero que debería verse es más afiliación y más ingresos por cotizaciones sociales. Aquí esta la clave de todo. La Seguridad Social informó a finales de marzo de que los ingresos por cotizaciones crecieron un 7,8% interanual en los datos acumulados hasta febrero, hasta alcanzar los 31.122 millones de euros.

Con esas cifras sobre la mesa, ampliar la base de cotizantes tiene toda la lógica económica del mundo. Más aún en un sistema que necesita consolidar ingresos para sostener gasto futuro (sobre todo en pensiones). La lectura es bastante directa: si aflora empleo oculto, mejora la trazabilidad del mercado laboral y entra más recaudación vinculada al trabajo.

La medida puede reducir economía sumergida y reforzar ingresos públicos, pero su alcance dependerá menos del anuncio político que de la velocidad con la que se tramiten los expedientes.

Ahí está el punto delicado. La eficacia real no dependerá tanto del titular como del músculo administrativo para procesar solicitudes con rapidez suficiente. Si esa maquinaria funciona lenta, el efecto tardará en llegar; si responde bien, parte del papel que hoy sigue fuera del radar podría entrar antes en el circuito legal.

Al final, el núcleo económico es bastante simple: La medida vale para engordar las cuentas públicas y dar algo más de vida al mal llamado Estado de bienestar.